De la mano de la Contraloría, el Estado colombiano persigue en el exterior dinero birlado al fisco en seis sonados casos de corrupción.
La reserva legal que protege los gastos de defensa nacional no había permitido conocer hasta hoy los detalles de una batalla silenciosa que libra el Estado colombiano para recuperar más de US$1,7 millones que andan refundidos a raíz del incumplimiento de un contrato para la provisión de armas y explosivos con una empresa de la industria militar argentina.
El contrato no fue firmado ni en Bogotá ni en Buenos Aires, sino –como dijeron las fuentes consultadas– “literalmente celebrado” en Miami bajo la cubierta de un yate y al calor de un vino del mejor bouquet. Los representantes de las Fuerzas Militares de Colombia y de la compañía Taller de Armas Livianas de Argentina S.A. firmaron el negocio en 2005, cuando la política de seguridad democrática llegaba a uno de sus picos más altos.
El neto es que hasta ahora no han llegado las armas ni los explosivos prometidos y el dinero de los contribuyentes colombianos pagado como anticipo no aparece por ningún lado. Mientras las justicias penal y disciplinaria avanzan tímidamente en sus indagaciones preliminares, la Contraloría General de la República rastrea cuentas, empresas e inversiones en el exterior para recuperar los recursos. Al responder un derecho de petición presentado por Dinero, Javier Alonso Lastra Fuscaldo, contralor delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, explicó que las diligencias en el exterior se han hecho a expensas de los procesos de responsabilidad fiscal y en algunos casos con el apoyo de la Interpol y que no se ha contado con ningún otro tipo de cooperación judicial y tampoco con el respaldo de gestiones diplomáticas o consulares.
Como la contralora Sandra Morelli y la canciller María Ángela Holguín han tenido diferencias de criterio sobre el alcance de los mecanismos de cooperación internacional en casos de corrupción administrativa, la Contraloría ha preferido buscar sus propios nichos de operación para que el brazo del Estado colombiano consiga ir más allá de los límites de las reservas bancarias y de las barreras protectoras levantadas por los paraísos fiscales. Carlos Rodríguez, director de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, dijo que la Contraloría se acogió a las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción de la OEA (1996) y de Naciones Unidas (2003) y se constituyó en “Estado Central”, una figura que le permite validar y conseguir apoyo oficial para sus investigaciones en el exterior.
El contrato no fue firmado ni en Bogotá ni en Buenos Aires, sino –como dijeron las fuentes consultadas– “literalmente celebrado” en Miami bajo la cubierta de un yate y al calor de un vino del mejor bouquet. Los representantes de las Fuerzas Militares de Colombia y de la compañía Taller de Armas Livianas de Argentina S.A. firmaron el negocio en 2005, cuando la política de seguridad democrática llegaba a uno de sus picos más altos.
El neto es que hasta ahora no han llegado las armas ni los explosivos prometidos y el dinero de los contribuyentes colombianos pagado como anticipo no aparece por ningún lado. Mientras las justicias penal y disciplinaria avanzan tímidamente en sus indagaciones preliminares, la Contraloría General de la República rastrea cuentas, empresas e inversiones en el exterior para recuperar los recursos. Al responder un derecho de petición presentado por Dinero, Javier Alonso Lastra Fuscaldo, contralor delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, explicó que las diligencias en el exterior se han hecho a expensas de los procesos de responsabilidad fiscal y en algunos casos con el apoyo de la Interpol y que no se ha contado con ningún otro tipo de cooperación judicial y tampoco con el respaldo de gestiones diplomáticas o consulares.
Como la contralora Sandra Morelli y la canciller María Ángela Holguín han tenido diferencias de criterio sobre el alcance de los mecanismos de cooperación internacional en casos de corrupción administrativa, la Contraloría ha preferido buscar sus propios nichos de operación para que el brazo del Estado colombiano consiga ir más allá de los límites de las reservas bancarias y de las barreras protectoras levantadas por los paraísos fiscales. Carlos Rodríguez, director de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, dijo que la Contraloría se acogió a las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción de la OEA (1996) y de Naciones Unidas (2003) y se constituyó en “Estado Central”, una figura que le permite validar y conseguir apoyo oficial para sus investigaciones en el exterior.
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